El mes pasado las asociaciones Ecologistas en Acción, WWF y la Asociación Española de Agricultura Ecológica (SEAE) presentaron el informe sobre el uso de productos agrotóxicos que han denominado “La mochila tóxica de la producción agraria in-sostenible”. En este estudio ofrecen el balance de los riesgos de los plaguicidas utilizados en el estado español durante los años 2011-2018, mediante una metodología que analiza de manera integral los efectos generados por estas sustancias.
Las estrategias enmarcadas en el Pacto Verde Europeo proponen reducir un 50% el uso de estos agentes tóxicos, debiendo eliminar también el 50% del uso de aquellos considerados más tóxicos para la salud humana y la naturaleza.
El auge de la agricultura industrial ha supuesto una mayor presencia de sustancias tóxicas abiertamente perjudiciales que ha traído consigo un aumento de riesgos tan significativos para la salud humana como la toxicidad aguda, mutageneidad y toxicidad para la reproducción. La biodiversidad también se ve seriamente amenazada por el uso desmedido de estas sustancias, que según indica un estudio europeo elaborado en 2017, hemos perdido un 80% de los insectos a nivel mundial.
La contaminación de la propia tierra es también otro factor de riesgo, puesto que al ser agentes que permanecen activos durante mucho tiempo, estas tierras quedan totalmente condicionadas para la producción de alimentos, a la vez que se pierde tierra fértil.
Desde instancias oficiales europeas se indica que el riesgo del uso de plaguicidas en el Estado español ha disminuido un 22% durante los últimos cinco años. En cambio, los datos obtenidos en este estudio, en el periodo analizado entre el 2011 y el 2018, por las tres organizaciones nos muestran otra radiografía bien distinta: el riesgo de dichos usos ha aumentado en ese tiempo.
Resulta contradictorio, por tanto, que el propio Ministerio indique un aumento del consumo de agroquímicos de un 5,6%, a la vez que cifra un descenso significativo en el riesgo que su uso tiene. Es difícilmente comprensible que a mayor uso el riesgo disminuya.
Los tres agentes sociales critican la metodología utilizada por el Ministerio de Agricultura para calcular el uso de los nocivos productos en agricultura. La medición oficial española basa sus estadísticas en un indicador de riesgo armonizado, dividiendo los plaguicidas en cuatro grupos, que contempla desde sustancias de bajo riesgo hasta las no autorizadas. Con esta categorización, critican, se banaliza y simplifica el uso de productos tan dañinos como el glifosato.
Resulta paradigmático, además, que uno de los productos no autorizados en España, el dicloropropeno, sea el tercero más utilizado, acogiéndose a casuísticas de excepcionalidad.
Los elaboradores de este informen proponen una metodología de análisis de mayor complejidad basada en la medición de la carga tóxica de cada producto.
Para finalizar las organizaciones proponen una batería de medidas orientada a alcanzar la mejora de la salud humana y ambiental.
Exigen a las instituciones medidas vinculantes para que los ambiciosos objetivos sobre reducción de plaguicidas del Pacto Verde se lleven a cabo. Al mismo tiempo, proponen realizar mejoras en los métodos para calcular los riesgos de los plaguicidas, y garantizar la transparencia pública de dichos datos.
